FDAPA entrega a la Consejería de Educación un decálogo de propuestas para combatir la LOMCE en Andalucía

La Federación entrega a Luciano Alonso un documento donde apuesta, entre otras medidas, por mayor atención a la diversidad y un aumento de las cotas de participación recortadas por la nueva ley educativa.

IMG-20140407-WA0000FDAPA, colectivo que reúne a asociaciones de madres y padres de la provincia de Málaga y miembro de CODAPA, ha hecho entrega hoy al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, un decálogo de propuestas para combatir la implantación de la LOMCE en Andalucía. Este documento, que surge de una labor de estudio intensa durante los últimos meses y que ha tomado forma este fin de semana en unas jornadas de trabajo, tiene como objetivo conseguir que la nueva ley educativa no dañe al alumnado andaluz dentro de las posibilidades de desarrollo normativo que corresponden a las comunidades autónomas.

La mayor y mejor atención a la diversidad es uno de los aspectos en los que más incide el decálogo. Así, desde el colectivo de madres y padres se propone a Educación adaptaciones organizativas y curriculares en Andalucía que permitan que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda transitar adecuadamente por el sistema educativo, facilitando además tanto su inserción social como laboral.

En esta línea, uno de los aspectos que propone la federación incide en la necesidad de una regulación de los procesos de atención a la diversidad, además de una regulación para la mejora del aprendizaje y del rendimiento de los alumnos y alumnas, de forma que la política educativa andaluza sirva como una verdadera medida de atención a la diversidad y no un camino hacia el fracaso escolar, como supone la LOMCE.

Otra de las reivindicaciones que se hace patente en el documento de propuestas es recuperar las cotas de participación que, conforme a la nueva ley, se han restado al conjunto de la comunidad educativa. De este modo, FDAPA sugiere a la Consejería de Educación una nueva regulación de carácter autonómico que devuelva a los Consejos Escolares las competencias perdidas con la norma estatal, que los relega a mero órgano consultivo.

Sobre la dirección de los centros, desde la Federación apuestan por que sea la comunidad educativa, y no la Administración como fija la LOMCE, la que tengan en su mano decidir el equipo directivo más idóneo. Del mismo modo, apuestan por una regulación de las competencias del director o directora que favorezca la participación en la toma de decisiones, frente a la gran autonomía de esta figura impuesta por la norma nacional.

Por otra parte, FDAPA incluye en su decálogo otras propuestas como unos horarios lectivos coherentes que permitan flexibilidad a los centros para reforzar áreas o materias que lo necesiten, dar un mayor impulso al aprendizaje de una segunda lengua extranjera en Primaria o elaborar recomendaciones de metodología didáctica para el desarrollo de las competencias básicas.

El decálogo de propuestas cierra con un último punto donde se conmina a Educación a no desarrollar en Andalucía “la especialización curricular y el supuesto ‘fomento de la calidad’ de los centros ya que sembraría la desigualdad entre los mismo”, a la vez que invita a “hacer una apuesta para todos los centros de Andalucía sean centros de máxima calidad con medidas como más apoyo para la diversidad, no elevación de la ratio, formación del profesorado…”.

Suspenso a la LOMCE

El decálogo de propuestas se entrega tras las jornadas que FDAPA ha celebrado este fin de semana en Antequera bajo el título “La nueva Ley de Educación” y “Los Consejos Escolares de Centro”. Durante esta cita, madres y padres han tenido ocasión de estudiar y compartir opiniones sobre la LOMCE en distintos grupos de trabajo. Entre las conclusiones alcanzadas en estas sesiones destaca un “suspenso” a la norma educativa, a la que se le otorgan muchos e importantes aspectos negativos frente a los positivos.

Así, las familias consideran que la LOMCE supone una mejora en cuestiones como la lengua extranjera, permitir una continuidad hasta los 19 años o abrir las puertas a los estudiantes de la nueva FP Básica a los ciclos formativos de grado medio sin necesidad de una prueba de acceso. Por el contrario, la Ley falla en cuestiones como las necesidades educativas especiales, la privatización del sistema educativo, la falta de recursos y la premura para su implantación, la realización de pruebas por profesorado que desconoce al alumnado o la disminución en las competencias de los Consejos Escolares.

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