COMUNICADO DE FDAPA MALAGA

FDAPA Málaga después de haber compartido opiniones con la Delegación Provincial de Educación de Málaga por la situación sobrevenida actual del Covid-19 y la inseguridad que está surgiendo en gran parte de nuestras AMPA asociadas queremos comunicar nuestra postura.

Desde FDAPA Málaga creemos que la educación presencial es totalmente necesaria, sobre todo en las etapas inferiores de la educación obligatoria, y todos los esfuerzos debieran de estar volcados en conseguirlo de una manera efectiva dicha presencialidad en los centros educativos.

Lamentamos la falta de responsabilidad que ha mantenido la Consejería de Educación en estos meses sin unas propuestas acertadas, con unas Instrucciones de 6 de julio de 2020, de viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivadas por la crisis sanitaria de covid-19, que no da solución a un inicio de curso seguro para nuestros hijos e hijas en todos los centros educativos, solamente en alguno de ellos. Con estas instrucciones nos hacen entender no conocer la realidad de nuestro sistema educativo y su diversidad.

Nos parece desastroso que a fecha actual se haya dejado todo a la improvisación y no se tomarán medidas anteriores, suponiendo tener que esperar hasta septiembre, a las puertas del inicio de curso.

Son muchos los centros escolares donde el alumnado se verá abogado a unas aulas pequeñas con un alto nivel de ratio; sobretodo en la zona de la Costa Oeste de la provincia de Málaga, donde la ratio llega a sobrepasar los niveles del 10% sobrevenido. Y las soluciones no son viables.

La respuesta que ha tenido la Administración Pública a nuestra federación son insuficientes, no consideramos equitativo que una parte de la población pueda cumplir las medidas sanitarias recomendadas y las zonas más pobladas de nuestra provincia se vean destinadas al despropósito obligatorio de acudir a clases masificadas sin medidas certeras de seguridad sanitaria, pues son imposibles de cumplir sin destinar recursos y proporcionar otros espacios disponibles. En esta situación mantener los recursos para educación similares a los que acontecían cuando no estábamos en estado de Alarma Sanitaria y pretender continuar con la estructura educativa, es una postura inacertada. 

FDAPA Málaga insta a la Administración Educativa y a su Vicesecretaria de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo Mena, a dar soluciones a las singularidades de los centros educativos, que por sus peculiaridades, no pueden cumplir las medidas necesaria para proporcionar un entorno seguro.

FDAPA Málaga no se considera con la suficiente autoridad para definir cómo debe ser la vuelta al colegio en septiembre, ya que no estamos especializados en materia de riesgos laborales y entornos seguros a nivel sanitario. Pero apelamos a que desde la Administración Pública de Andalucía tomen las medidas necesarias entre todos sus departamentos para que una vuelta al colegio presencial sea posible.

Nuestros hijos e hijas están amparado por el derecho a la salud y a la educación. Póngase a trabajar lo que no han hecho durante estos meses y unifiquen estos dos derechos que nos ampara la Constitución Española.

Lamentamos esta situación, que ha llevado a las familias a una incertidumbre innecesaria.

Esperamos su respuesta lo antes posible para el descanso de nuestra comunidad, de nuestras familias, que tanto han sufrido en este curso 2019/2020.

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COMIENZA LA ESCOLARIZACIÓN

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Huelga y movilizaciones 4 de marzo en lucha por una Educación Pública Igualitaria

Huelga y movilizaciones 4 de marzo
en lucha por una
Educación Pública Igualitaria

 

Estimados/as colaboradores/as:

Desde la Federación de AMPA por la Enseñanza Pública de Málaga FDAPA estamos convencidos de que el sistema educativo mejora si corregimos las deficiencias en los procedimientos adaptandolos a la realidad cambiante de nuestra población y las familias, anticipandonos de forma coherente las competencias, contenidos y a las necesidades futuras del mercado de trabajo global, depurando la gestión para hacerla más eficiente en el control del gasto, siempre desde una perspectiva de igualdad.

En este sentido hay muchas cosas que mejorar, y en la actualidad, reconocemos que la Consejería de Educación y Deporte y especialmente su Delegación Territorial de Málaga vienen atendiendo las demandas que desde esta Federación se les traslada periódicamente.

Pero con la entrada en vigor del nuevo Decreto de Escolarización el escenario educativo cambia los criterios de cobertura educativa que conocíamos hasta ahora y consideramos necesario expresar nuestro desacuerdo.

Comencemos por recordar que en nuestra constitución:

Artículo 27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Desde FDAPA creemos que:

La acción de la administración pública debe de garantizar que estos derechos fundamentales contemplados en nuestra constitución sean cubiertos con garantías de igualdad real para todos los ciudadanos, independientemente del concepto de rentabilidad efectiva en la normativa que lo defienda.

  • ¿Pueden elegir las familias con libertad un centro educativo? -. SI
  • ¿Pueden las familias escolarizar en igualdad de condiciones a sus hijos en el centro que han elegido? -. NO


La realidad nos muestra que al margen de elegir un centro educativo u otro las familias en el centro concertado (reciben dinero público en sus unidades concertadas para su funcionamiento) aún siendo respetados los criterios educativos y de libre matriculación tendrán que hacer frente a gastos extraordinarios de transporte, uniforme, comedor, actividades, etc… con un mayor coste que en los centros públicos. Este sobre coste castiga la elección definitiva de un centro u otro.

Y no se trata de subvencionar partidas de gasto en centros concertados para equilibrar la balanza de gastos a las familias, sino de emplear esas aportaciones (de presupuesto público) en los centros públicos que demandan o necesitan ampliar-adaptar-mejorar sus instalaciones y que son los destinatarios naturales de ese presupuesto público.

Creemos que ante el descenso actual de la natalidad, estamos en la situación ideal para ello, lo que sumado a la bajada de ratio, puede contribuir al mayor éxito escolar del alumnado. Cabe recordar que hay muchas familias que además necesitan que se cubran necesidades educativas especiales para sus hijos e hijas.

Cuando la capacidad económica familiar comienza a ser un criterio para acceder o sesgar en la práctica el acceso a la educación obligatoria se pierde la igualdad universal del sistema.

Desde FDAPA que entendemos la idea de educación obligatoria como servicio público, y los conciertos educativos como subsidiarios, no como complementarios. La educación se debe de regir por principios de servicio público en igualdad de condiciones para toda la población, inclusivo y sin segregación, y sin buscar otro beneficio que la mejora de nuestra sociedad, y esas condiciones sólo se dan en la educación pública.

El fin último de la Educación, no puede ser atender una demanda social segregadora de familias que tienen un poder adquisitivo mayor que el resto y menos aún, con fondos públicos.

Vayamos a la norma, ¿Como establece la legislación actual esta convivencia público-privada?

LOMCE (2013). Artículo 109. Programación de la red de centros.

1. En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales.

2. Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social. Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes.

En Andalucía con este nuevo decreto 21/2020, de 17 de febrero, y la aplicación efectiva de la normativa anterior permite a los concertados en el futuro ofertar más plazas (como previsiblemente) si así lo piden/demandan las familias (en base a que podrán elegir centros concertados para la educación de sus hijos, aunque no haya ningún colegio de este tipo en la zona en la que residen, ampliando de forma incoherente la zona de influencia de algunos centros privados), abriendo la puerta a que empresas privadas de enseñanza obtengan compensaciones económicas por prestar un servicio público que debería de ofrecerse desde la administración pública de forma garantista, hecho que aumentará el sesgo/frustración de familias que no puedan acceder de forma real como comentamos en las cuestiones planteadas al principio de nuestro escrito.

Sí, es legítimo que una empresa privada tenga beneficio, pero no le vemos sentido a que un servicio público se proporcione a través de empresas privadas. La educación como la sanidad, la justicia, la seguridad son servicios públicos y no deberían financiar beneficios privados. Al final nos encontramos que la libertad de las familias por elegir centros estará supeditada a la capacidad de los centros de elegir a estas o a su alumnado.

Tengamos las cosas claras una empresa privada necesita para su existencia de un margen mínimo de beneficio y este margen siempre estará por encima de las exigencias educativas de una zona. Donde la demanda no garantice beneficios no habrá centros privados, sólo centros públicos. De tal planteamiento real podremos deducir que pagaremos como contribuyentes centros públicos donde los privados no encuentren beneficio pero dejaremos que en otras zonas con demanda suficiente los centros privados saquen beneficios de la necesidad social de demanda educativa.

Al final sólo encontraremos centros públicos en zonas desfavorecidas o de cobertura insuficiente quedando como subsidiarios de un sistema que prima la acción privada como prioritaria.

Entendemos que en la balanza educativa deben pesar igual y ofrecer las mismas oportunidades a todos el alumnado en edad de enseñanza obligatoria, al margen de sus necesidades educativas específicas, o la zona de escolarización en la que se encuentren sus familias de nuestra amplia geografía.

Por los planteamientos generales expresados anteriormente, FDAPA estará presente en las movilizaciones de rechazo al nuevo decreto y en defensa de la educación pública, convocadas por la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública de la que participamos a través de CODAPA, al margen de otras reivindicaciones de carácter sindical que puedan concurrir.

FDAPA – Málaga


FDAPA incorpora su logo en la pancarta de apertura de la manifestación, que tendrá lugar en la Delegación Territorial de Educación y Deporte (edificio negro/blanco) a las 12:00h. de la mañana del miércoles 4 de marzo.

La participación de nuestras AMPA o familias en la misma es voluntaria y en cualquier caso estará supeditada al compromiso personal de cada participante.

 

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